A la vista del estudio realizado por la Diputación coruñesa podemos constatar la escasa concienciación que existe en la provincia gallega sobre la normativa sobre protección de datos de carácter personal. La LOPD afecta tanto a los ficheros de uso público como privado y es obligatoria para todo tipo de entidades públicas, y entre ellas, como es lógico los ayuntamientos.

En este caso podemos constatar que en toda la provincia el 80 % de los concellos no han declarado sus ficheros ante la Agencia Española de protección de datos, ni cuentan con una organización interna que vele por el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos.

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Tan solo el 20% de los ayuntamientos de la provincia coruñesa se encuentra dentro del marco normativo referido a los ficheros con datos de carácter personal que maneja aprobando esos ficheros a través de una disposición o acuerdo administrativo. Además, según indica un estudio elaborado por la UDC para la Diputación coruñesa, un 26% de los ayuntamientos encuestados no tienen claro o no son conscientes de que la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal.

Este estudio confirma que el 26% de los ayuntamientos sí disponen de una ficha o de un inventario interno actualizado de los ficheros con datos de carácter personal que maneja, tanto en soporte informático como no informático (papel, microfilme, negativos, cintas analógicas de vídeo o audio…). Frente a esta situación, el 43% de los ayuntamientos no han adaptado los ficheros a los requisitos de la norma y otro 26% solo lo ha realizado para algunos o muy pocos ficheros. Desde la Diputación coruñesa también indicaron que solo el 20% de los ayuntamientos encuestados publica la creación de sus ficheros con datos de carácter personal en el BOP u otro diario oficial. La Diputación anunció que reforzará el plan de formación al respecto.

Datos privados en Culleredo

Por otro lado, y en referencia a la denuncia del concejal y candidato de APdC José Ramón Rioboo sobre el uso malintencionado de unos datos que constaban en el registro municipal, desde el gobierno local aclararon que el Concello de Culleredo «no posee en exclusiva dichos datos, ya que son fruto de una resolución judicial y, por tanto, datos públicos comunicados como mínimo a cuatro partes entre instituciones, empresas y abogados». También indican que la información que supuestamente llegó a entidades del municipio con dichos datos «no ha sido comunicada por el Ayuntamiento, que en todo momento ha hecho gala de un estricto cumplimiento de la legalidad» e insistieron en que el Concello no es responsable de las actuaciones judiciales que se deriven «de actuaciones privadas de las empresas que puedan tener o administrar concejales de la corporación». En este sentido, advirtieron que intentar confundir actividades privadas con actividades en el desarrollo del cargo de concejal «no es más que intentar confundir a los ciudadanos».